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Daniel Martínez-Arana
La Sentencia C-626/22 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea supone un hito en la larga historia judicial del escándalo de contaminación más grande de Italia, el caso Ilva. En el presente artículo, se examina la respuesta de la Gran Sala a las tres cuestiones prejudiciales planteadas a raíz del caso y se profundiza en el derecho a un medio ambiente saludable en el ordenamiento comunitario, reflexionando sobre su definición y conexión con el derecho a la salud humana.
Se sostiene, en último lugar, que la interpretación realizada en la Sentencia de la Directiva 2010/75 no sólo es fiel al sentido literal de la norma, sino que puede servir como parámetro de interpretación para la protección cruzada de medio ambiente y salud humana en el futuro.
Judgment C-626/22 of the Court of Justice of the European Union marks a milestone in the long legal history of Italy's biggest pollution scandal, the Ilva case. This article examines the Grand Chamber's response to the three preliminary questions raised in the case and explores the right to a healthy environment in EU law, reflecting on its definition and connection to the right to human health.Finally, it is argued that the interpretation of Directive 2010/75 in the judgment is not only faithful to the literal meaning of the law but can also serve as a benchmark for the cross-protection of environmental and human health in the future.
