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En los últimos años, el resurgir de la minería metálica y la creciente preocupación de la Unión Europea por garantizar el suministro de materias primas minerales a la industria europea, han vuelto a poner a la Comunidad Autónoma de Andalucía en el mapa mundial de la minería. La aspiración por el desarrollo de una minería innovadora y especialmente respetuosa con el medio ambiente quedó expuesta en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de julio de 2023, por el que se aprobó la Estrategia para una Minería Sostenible en Andalucía 2030 (EMSA 2030), a través de la cual se pretende impulsar una minería consecuente con las grandes potencialidades de la región y que sea motor de desarrollo económico, creación de empleo, y contribuya a una mejor calidad de vida de los andaluces.
Es por ello que la Administración de la Junta de Andalucía, como competente en la planificación, fomento, promoción, seguimiento y ordenación del sector minero, así como en la gestión del propio dominio público minero, tiene entre sus objetivos un desempeño minero eficiente, sostenible y seguro para las personas y para el territorio.
En este marco, el presente decreto tiene por objeto la regulación de las medidas de impulso y gobernanza para potenciar el impacto económico, social y sobre el empleo de las instalaciones mineras de gran relevancia.
La finalidad que persigue es el desarrollo y consolidación de los ecosistemas minero e industrial relacionados con las instalaciones mineras de gran relevancia en las comarcas y zonas de influencia mineras, buscando la especialización, diversificación económica y desarrollo de los correspondientes sistemas productivos locales.
A los efectos del presente decreto, se entiende por ecosistemas minero e industrial relacionados con las instalaciones mineras de gran relevancia, las aglomeraciones espontáneas de varios actores económicos, elementos e interrelaciones involucrados que participan en el logro del objetivo socioeconómico del aprovechamiento de las materias primas minerales o comparten una misma zona donde se ubican, apoyando o complementando a estos.
Se consideran instalaciones mineras de gran relevancia aquellas con volumen de extracción de mineral metálico proyectado igual o superior a 1 millón de toneladas anuales, en su caso, y un impacto en el empleo directo de, al menos, 200 personas trabajadoras.
Los artículos 3 y ss regulan los planes específicos de actuación -procedimiento y contenido-, que son aquellos que fomentan los ecosistemas minero e industrial en las comarcas y zonas de influencia minera, y que concretan una serie de medidas e incluyen las correspondientes a las zonas de actuación, cuya delimitación se prevé en el artículo 4.
Son varias las clases de medidas que se prevén para el impulso de los ecosistemas minero e industrial: medidas para el impacto económico, social y sobre el empleo; medidas de apoyo económico o financiero; medidas facilitadoras para impulsar estructuras productivas eficientes y sostenibles; medidas para fomentar el capital humano e impulsar la mayor participación de la mujer en los ecosistemas minero e industrial; medidas para la agilización administrativa en la ejecución de las inversiones; medidas para la coordinación administrativa, la comunicación y la gobernanza.
Los proyectos de inversión en el ámbito industrial y minero que sean objeto de implantación, ampliación o reforma en las zonas de actuación serán considerados preferentes.
La Consejería competente en materia de minas promoverá el desarrollo de la Red de Municipios Mineros como una iniciativa pública conjunta de fomento de los ecosistemas minero e industrial conformada por entidades locales andaluzas.
