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A mediados de febrero, el Gobierno francés renunció a defender ante el Parlamento un proyecto de ley muy esperado sobre la protección de la infancia. Sin embargo, el sector atraviesa una profunda crisis. Aumento de los menores en acogida, precariedad laboral de los profesionales, dificultades para contratar personal, compartimentación de la atención social y médica: un círculo vicioso que sería urgente romper para garantizar una protección real.
