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La reciente Orden INT/63/2026, por la que se dispone la creación del nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras, reactiva un debate jurídico que trasciende la mera adecuación de infraestructuras: la legitimidad constitucional del internamiento administrativo, su régimen real de garantías, su eficacia como instrumento de política migratoria y su encaje en el nuevo marco normativo europeo derivado del Pacto Europeo de Migración y Asilo. El presente artículo analiza de forma detallada la naturaleza jurídica de los CIE(*), el estatuto de derechos y obligaciones de las personas internadas en comparación con el régimen penitenciario, el papel de la asistencia letrada y del control judicial, la evolución jurisprudencial reciente y la constatación empírica derivada de más de una década de informes especializados. El estudio concluye que el internamiento administrativo, pese a su carácter formalmente no penitenciario, se ha consolidado como una privación de libertad estructuralmente menos garantista que la penal, y que el nuevo Derecho de la Unión Europea no solo no corrige esta deriva, sino que tiende a reforzarla.
