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La acción política y legislativa desde España debe centrarse en liderar las respuestas de la Unión Europea ante el avance de la neurotecnología, puesto que corresponde a la Unión Europea valorar los riesgos y establecer reglas sobre la fabricación, distribución y despliegue de los artefactos neurológicos que circulan por el mercado interior europeo. Hasta el momento, la Unión Europea carece de respuestas especificas ante la neurotecnología. A los diversos aparatos neurológicos se les aplican múltiples normas sectoriales (sobre productos sanitarios, inteligencia artificial, seguridad industrial, protección de datos, datos de salud y responsabilidad por productos defectuosos), que con frecuencia se solapan y entran en conflicto, sin que ninguno de los textos normativos europeos considere directamente los riesgos y beneficios especificos de la neurotecnología.
