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Barcelona, España
Este estudio analiza la incipiente la justicia climática internacional a través de la jurisprudencia del TEDH, la CIDH y el TIDM sobre las obligaciones de mitigación del cambio climático. Examina en primer lugar la dificultad de establecer un vínculo jurisdiccional con los Estados, es decir, de acceder a los tribunales. Ante los tribunales regionales de derechos humanos, la propia naturaleza del cambio climático y las cadenas de causalidad difusas dificulta la superación de las fronteras estatales y la determinación de la legitimación activa en general. A nivel interestatal, explica la preferencia por los Estados por los medios no-judiciales. Sin embargo, la reciente sentencia del TIDM, fruto, en parte, de la elusión de los límites de la justicia internacional consensuada, podría abrir la vía a una mayor judicialización. Finalmente, y a pesar de sus diferencias institucionales y procesales, los tres tribunales han confirmado la existencia de obligaciones autónomas de mitigación del cambio climático, que no se reducen a los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de París. Si bien este último es reconocido como un instrumento relevante, no actúa como lex specialis ni limita el alcance de otras fuentes convencionales, que crean sus proprias obligaciones sometidas, como tales, a control judicial, lo que también abre la vía a una mayor judicialización.
This study analyzes the emerging field of international climate justice through the jurisprudence of the ECtHR, the IACtHR, and the ITLOS regarding obligations to mitigate climate change. It first examines the difficulty of establishing jurisdictional links with States. Before regional human rights courts, the diffuse causal chains and transboundary nature of climate change complicate both the overcoming of territorial boundaries and the determination of standing. At the interstate level, the study explainsStates’ preference for non-judicial mechanisms. However, the recent advisory opinion of ITLOS—enabled by a controlled circumvention of the principle of consensual justice—may pave the way for increased judicialization. Despite institutional and proceduraldifferences, all three tribunals have affirmed the existence of autonomous mitigation obligations that go beyond the commitments under the Paris Agreement. While the Agreement is recognized as relevant, it does not operate aslex specialisnor limit the scope of other conventional sources, which generate their own obligations subject to judicial review.
