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Noemí Bergantiños Franco
, Arkaitz Fullaondo Elordui-Zapaterietxe 
En 2022 el Parlamento Vasco aprobó la nueva Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión. Su aprobación supone la culminación de un proceso de reforma del sistema de Renta de Garantía de Ingresos que se inició en 2018. Esta ley promueve una reforma considerable del anterior sistema de garantía de rentas mínimas e introduce de manera importante la inclusión como eje de la intervención. Para ello, despliega diferentes herramientas que tratan de personalizar y abordar la inclusión desde la participación de diferentes sistemas de protección social (empleo, servicios sociales, educación). Entre estas herramientas encontramos los Itinerarios Mixtos de Inclusión que suponen un cambio en la gobernanza y la intervención en los procesos de inclusión. Este artículo analiza los principales cambios introducidos en la nueva ley y la percepción profesional sobre este nuevo modelo de garantía de ingresos e inclusión, a partir de entrevistas en profundidad y datos de encuesta. Los resultados apuntan a la potencialidad de este nuevo modelo, así como a dificultades relacionadas con el modelo de gobernanza resultante, el desconocimiento entre sistemas o la articulación de recursos, entre otros.
In 2022, the Basque Parliament approved Law 14/2022, of December 22, on the Basque Income Guarantee and Inclusion System. This approval culminated a reform process of the income guarantee system that began in 2018. The law substantially revises the previous minimum income guarantee model and places social inclusion at the center of intervention. To advance this shift, it introduces tools designed to personalize inclusion processes through the participation of multiple social protection systems (employment, social services, education). One of these tools, the Mixed Inclusion Pathways, signals a change in governance and in how institutions intervene in inclusion processes. This article analyzes the main changes introduced by the new law and examines professionals’ perceptions of the resulting income guarantee and inclusion model, drawing on in-depth interviews and survey data. The findings indicate the model’s potential, while also identifying implementation challenges linked to the governance arrangement, limited mutual knowledge across systems, and difficulties articulating resources, among other constraints.
