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Lucía Martínez Virto
, Laureano Martínez Sordoni, Begoña Pérez Eransus 
Este artículo tiene como objetivo identificar y profundizar los principales desafíos que enfrentan los Programas de Rentas Mínimas (PRM) en España en materia de inclusión social en el contexto abierto tras la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Para ello se realiza un análisis combinado de metodología de tipo cuantitativo y cualitativo que estudia en profundidad el caso de cinco comunidades autónomas —Navarra, Castilla y León, Comunidad Autónoma de Euskadi, Comunitat Valenciana y La Rioja. El material analizado proviene de dos técnicas, la encuesta a profesionales del sistema de rentas mínimas y la entrevista en profundidad a personal directivo y técnico de gestión. Este análisis examina tres ejes clave de estudio: la gobernanza institucional, los modelos de condicionalidad y los mecanismos de estímulo al empleo. Los resultados revelan déficits persistentes en la coordinación interinstitucional, tensiones normativas en torno a los requisitos de activación y limitaciones en la implementación de incentivos al empleo. Estos factores afectan directamente la eficacia y equidad de los PRM, generando desigualdades territoriales y operativas. Se concluye que, para avanzar hacia una política de inclusión más efectiva, es necesario revisar los vínculos entre protección social y empleo, clarificar el marco normativo y mejorar la articulación institucional.
This article aims to identify and examine the main challenges facing Minimum Income Schemes in Spain with respect to social inclusion after the approval of the Minimum Living Income. We conducted a mixed-methods study that analyzes five autonomous communities: Navarre, Castile and León, the Basque Country, the Valencian Community, and La Rioja. The study draws on two sources of evidence: a survey of professionals working in the Minimum Income Schemes system and in-depth interviews with managerial and technical staff. The analysis focuses on three areas: institutional governance, models of conditionality, and employment incentive mechanisms. The results indicate persistent deficits in inter-institutional coordination, regulatory tensions surrounding activation requirements, and limitations in implementing in-work benefits. These dynamics undermine the effectiveness and equity of Minimum Income Schemes and generate territorial and operational inequalities. To strengthen inclusion outcomes, policymakers and implementing agencies should revisit the links between social protection and employment, clarify the regulatory framework, and improve institutional coordination.
