Es común incluir el derecho a la reparación como uno de los elementos que conforman el paradigma de la economía circular. En los últimos años, puede observarse un impulso de este paradigma, que afecta a muchas políticas públicas y, con ellas, a su legislación específica en la UE. Los derechos de propiedad intelectual e industrial no son una excepción, aunque su relación con la reparación es histórica y presenta contornos complejos. La reciente reforma de la normativa europea sobre diseños, adoptada en 2024, ha supuesto, tras muchos esfuerzos, la consagración de la conocida como “cláusula de reparación”, pero este éxito legislativo puede verse frenado por una aplicación extensiva y anticompetitiva del derecho de marcas, algo que puede rastrearse en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y que se ha puesto de manifiesto especialmente en su reciente Sentencia recaída en el asunto AUDI contra GQ. Se ofrecerá una revisión crítica de dicha Sentencia, también basada en la jurisprudencia el TJUE, y se sugerirá una respuesta en clave regulatoria sobre pasos a dar para evitar el bloqueo de la cláusula de reparación.
It is common to include the right to repair as one of the elements comprised under the paradigm of the Circular Economy. In recent years, this paradigm has received a boost that affects many policies and, consequently, their specific EU governing legislations. Intellectual Property Rights are not an exception to that trend, although their relations with repair activities is historic and with complex contours. The recent reform of the EU design acquis, adopted in 2024, entailed the recognition of the so-called “repair clause”, not without efforts. However, this legislative achievement could be braked suddenly on the basis of an extensive and anti-competitive implementation of Trademark Law, a phenomenon which can be traced back in the CJEU case-law, but has especially gained traction after the recent delivery of its ruling in the case AUDI v. GQ. A critical review of such ruling, also based on the CJEU jurisprudence, will be offered, and, finally, it will be suggested that a regulatory response is necessary to avoid circumventing the repair clause.