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El presente artículo analiza el marco jurídico italiano en materia de adopción, poniendo de relieve las limitaciones tanto estructurales como subjetivas que obstaculizan su plena conformidad con el principio del mejor interés del menor. A pesar de la ratio solidarista que subyace en la Ley n.º 184 de 1983, la rígida dicotomía entre acogimiento familiar y adopción no refleja la complejidad de las dinámicas familiares contemporáneas, especialmente en los supuestos de semiabandono, en los que subsisten vínculos afectivos con la familia biológica a pesar de la inidoneidad parental. Asimismo, la adopción plena sigue estando supeditada al matrimonio, excluyendo así a las parejas de hecho, a las uniones del mismo sexo y a las personas solteras, lo cual entra en conflicto con los principios constitucionales y convencionales de igualdad y pluralismo familiar. Ante la ausencia de una reforma legislativa orgánica, la jurisprudencia ha tratado de colmar estas lagunas mediante interpretaciones flexibles, especialmente a través de la adopción en casos especiales; sin embargo, tales soluciones carecen del nivel de certeza jurídica que solo una intervención legislativa sistemática – considerando también las experiencias comparadas en el ámbito europeo – puede proporcionar.
The paper examines the Italian legal framework on adoption, highlighting both its structural and subjective limitations, which undermine its full adherence to the principle of the best interests of the child. Despite the solidaristic rationale underlying Law No. 184 of 1983, the rigid dichotomy between foster care and adoption fails to reflect the complexity of contemporary family dynamics, particularly in situations of semi-abandonment, where emotional ties with the biological family persist despite parental inadequacy. Moreover, full adoption remains conditional upon marriage, excluding unmarried couples, same-sex unions and single persons, in tension with constitutional and conventional principles of equality and family pluralism. In the absence of comprehensive legislative reform, courts have sought to address these gaps through flexible interpretations, especially via special adoption, yet such judicial solutions lack the legal certainty that only systematic legislative intervention—also in light of comparative European experiences—can provide.
