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El Tribunal General confirma en lo esencial la decisión de 2023 de la Comisión Europea contra Intel por abuso de posición dominante en el mercado de los microprocesadores x86. El litigio se originó en 2009, cuando la Comisión sancionó a Intel por prácticas destinadas a excluir a su competidor AMD mediante restricciones a fabricantes de ordenadores. La decisión de 2023 se limitó a las «restricciones manifiestas» aplicadas a HP, Acer y Lenovo, tras anulaciones parciales previas. El Tribunal General considera que la Comisión actuó dentro de sus competencias y respetó el derecho de defensa. No obstante, reduce la multa de 376 a unos 237 millones de euros al tener en cuenta el impacto limitado y la duración de las prácticas.
