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La coordinación gráfica entre Catastro y Registro se ha convertido, tras la Ley 13/2015, en un elemento estructural para reforzar la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario. El modelo tradicional, basado en descripciones literarias imprecisas, generaba conflictos de linderos, dobles inmatriculaciones y dificultades en operaciones jurídicas, financieras y administrativas. La reforma introduce la georreferenciación y la representación gráfica como soporte objetivo de identificación de la finca, permitiendo contrastes automáticos con la cartografía catastral. El Informe de Validación Gráfica actúa como control técnico preventivo, reforzando la calificación registral y reduciendo errores. La evolución normativa muestra un tránsito progresivo desde una coordinación alfanumérica a una integración gráfico-jurídica apoyada en interoperabilidad digital. Jurídicamente, la «finca coordinada» adquiere un valor cualificado al consolidar una delimitación espacial verificable, aunque sin eliminar por completo conflictos históricos o sustantivos. Persisten discordancias por descripciones antiguas, cartografía irregular, falta de actualización de alteraciones físicas y desajustes interinstitucionales. Para corregirlas, el sistema articula procedimientos registrales y notariales (arts. 199 y 201 LH), vías administrativas catastrales y, en último término, la vía judicial. La valoración crítica evidencia logros relevantes, pero también déficits por desigual implantación territorial, complejidad procedimental y necesidades formativas. El futuro del modelo pasa por mejorar la cartografía, simplificar trámites, reforzar la capacitación, profundizar en la interoperabilidad e incorporar tecnologías avanzadas, consolidando así una seguridad jurídica preventiva más homogénea y eficaz.
