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El Reglamento de Extranjería se aprobó para unificar y modernizar la normativa de extranjería en España tras años de dispersión. Aunque ordenó mejor el sistema, la práctica demostró pronto que no basta para afrontar la irregularidad crónica acumulada. No simplificó los procedimientos al nivel que exige la Directiva (UE) 2024/1233 y mantuvo cargas administrativas consideradas excesivas. Su carácter “ordinario” le impide resolver el “stock” de irregularidad heredado de décadas anteriores. No incorporó mecanismos de regularización masiva que permitieran “poner el contador a cero”. Esta desconexión con la realidad social y la urgencia de cientos de miles de personas empujó al Congreso a admitir una ILP y al Gobierno a plantear una reforma urgente.
