Las políticas de vivienda aplicadas en Europa desde 2000 muestran un patrón consistente: sus efectos a largo plazo divergen, con frecuencia de forma opuesta, de sus efectos a corto plazo. La evidencia empírica disponible indica que los controles de alquiler generan escasez y reducen la inversión; los subsidios a la demanda se capitalizan en precios cuando la oferta es inelástica; y los modelos de vivienda social de gran escala solo han funcionado bajo condiciones históricas muy particulares. El caso español es singularmente preocupante: el modelo VPO en propiedad con desprotección automática ha creado un parque de alquiler social de apenas el 2 % del total, mientras que la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023 replica errores ya documentados. La única política que puede tener eficacia sostenida en el largo plazo para los problemas actuales de acceso es el aumento de la oferta disponible. Sin liberar suelo, agilizar licencias y dar seguridad jurídica a los promotores, será difícil que se resuelva.