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La implantación de estructuras AVM no impide el control judicial de los acuerdos sociales por abuso de mayoría, pero exige diseñarlas de forma compatible con su prevención. El alcance de ese control quedará condicionado por los objetivos y garantías de la Directiva AVM y de su futura transposición en España. El legislador español deberá optar por un control judicial más intenso o más laxo y establecer salvaguardias y condiciones de transparencia adecuadas. Además, será necesario articular garantías de control ex post que preserven la coherencia del sistema, refuercen la confianza de los inversores y mejoren la competitividad empresarial. Incluso si la jurisprudencia se mantiene continuista, deberá adaptarse a las particularidades de esta nueva regulación.
