Este artículo analiza la respuesta del sistema penal frente a los delitos de odio, centrándose en las limitaciones de la pena privativa de libertad para abordar el daño que estos generan. A partir del estudio de la función de la pena, se cuestiona la idoneidad como herramienta central de intervención. Frente a ello, se propone un modelo restaurativo contrastado en Reino Unido como resultado del conjunto de experiencias que abordan este fenómeno capaz de intervenir de forma temprana en el proceso penal.