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Teresa Roa Martínez
El presente trabajo tiene por objeto analizar la retribución del contratista en los supuestos de continuidad prestacional a la luz de la STS 1356/2025, de 27 de octubre.
Así, la continuidad prestacional, en sus distintas modalidades, es todavía habitual en determinados servicios no susceptibles de interrupción y una de las cuestiones que mayor litigiosidad plantea es la retribución del contratista durante dicho periodo. Se esperaba que la citada Sentencia clarificase el régimen económico en los casos de prórroga forzosa, tal como se desprendía de la cuestión de interés casacional objetivo fijada en su Auto de admisión, de fecha 20 de julio de 2023. Sin embargo, el Tribunal Supremo, al estimar que la prórroga acordada no era conforme a Derecho y proceder a su anulación, no llega a pronunciarse sobre dicha cuestión en los términos planteados. Pese a ello, el pronunciamiento presenta relevantes implicaciones para la continuidad prestacional, al establecer límites a los términos de la imposición de prórrogas forzosas y resolver el caso concreto atendiendo al precio real de la prestación del servicio. Asimismo, en dicha Sentencia el Tribunal pone de relieve los efectos que estas prácticas irregulares tienen sobre la competencia en la contratación pública. Todo ello evidencia que la problemática trasciende la mera retribución del contratista, que es tan solo una manifestación del verdadero problema: la deficiente planificación en la contratación pública. Esto permite concluir que, sin perjuicio de la necesidad de mayor claridad sobre el régimen de retribución del contratista, ha de abordarse el problema de fondo a través de una planificación más eficaz
This article examines contractor remuneration in situations of continuity of service provision in the light of Supreme Court ruling 1356/2025 of 27 October. Thus, service continuity, in its various forms, is still common in certain services that cannot be interrupted, and one of the most contentious issues is the contractor's remuneration during this period. It was expected that the judgment would clarify the economic regime applicable to cases of compulsory extension, as could be inferred from the question of cassational interest identified in the order of 20 July 2023. However, the Supreme Court found the extension unlawful and annulled it without ruling on the issue as framed.
Nevertheless, the ruling has significant implications for continuity of service provision, as it sets limits on the imposition of compulsory extensions and resolves the specific case by reference to the actual cost of the service provided. The Court also highlights the impact that such irregular practices have on competition in public procurement. Taken together, this demonstrates that the problem goes beyond the mere remuneration of the contractor, which is only a manifestation of a deeper issue: inadequate planning in public procurement. This leads to the conclusion that, while greater clarity is needed regarding the contractor's remuneration system, the underlying problem must be addressed through more effective planning.
