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Isabel Gallego Córcoles 
Determinada UTE —formada por dos empresas— resultó adjudicataria de un contrato en 2016. Tras la interposición de recurso especial, la adjudicación se anula. No obstante, en 2019 se estima el recurso contra la resolución del tribunal administrativo, de forma que la UTE formaliza finalmente el contrato en 2019. Unos meses después, una de las empresas que conformaban la UTE cede su participación a una tercera empresa. Tras ello, la UTE solicita indemnización por los daños ocasionados por la imposibilidad de ejecutar el contrato entre 2016 y 2019. Se discute si la empresa que entra a conformar la UTE en 2019 está legitimada activamente para solicitar esa indemnización.
