La Ley Orgánica 1/2025 ha dinamitado el presupuesto sociológico sobre el que descansaba la representación colectiva unitaria de los Letrados de la Administración de Justicia. A partir de la STS 183/2026, el análisis invita a desplazar el foco hacia un problema que ya no es normativo, sino estructural. La implantación de los Tribunales de Instancia y la generalización de puestos de libre designación han fracturado internamente el Cuerpo entre LAJ directivos y no directivos, generando intereses funcionales objetivamente divergentes. El resultado es una crisis de identidad representativa: persistir en la retórica de la unidad ya no fortalece al colectivo, sino que invisibiliza sus conflictos internos y convierte la representación en un mecanismo de legitimación del statu quo.