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Marta Sánchez Capel
En el presente artículo se aborda la cuestión de la sostenibilidad del sistema público de pensiones desde un enfoque multidimensional y poniendo el foco en la defensa y garantías de las condiciones laborales de las personas migrantes trabajadoras. La sostenibilidad del sistema de pensiones en España se enfrenta a desafíos derivados del envejecimiento demográfico y de la inminente jubilación de la generación del baby boom. Aunque los indicadores internacionales sitúan al sistema español, ligeramente por encima de la media de los países analizados, el debate público presenta un diagnóstico más alarmante y tiende a promover soluciones que pasan por la privatización de las pensiones. En este contexto, la inmigración desempeña un papel central al incrementar la población activa y contribuir fiscalmente al mantenimiento del sistema. Sin embargo, las políticas migratorias y laborales muestran contradicciones: la entrada y regularización de personas extranjeras se flexibiliza por motivos económicos, al tiempo que los marcos legales producen situaciones de irregularidad administrativa que llevan a muchas de estas personas a la economía sumergida, dificultando su acceso a la protección social.
This article approaches the issue of the sustainability of the public pension system from a multidimensional perspective, focusing on the defense and guarantees of working conditions for migrant workers. The sustainability of the pension system in Spain faces challenges arising from demographic aging and the imminent retirement of the baby boom generation. Although international indicators place the Spanish system slightly above the average of the countries analysed, public debate presents a more alarming diagnosis and tends to promote solutions that involve the privatization of pensions. In this context, immigration plays a central role by increasing the working population and contributing fiscally to the maintenance of the system. However, migration and labour policies show contradictions: the entry and regularization of foreigners is made more flexible for economic reasons, while legal frameworks produce situations of administrative irregularity that lead many of these people into the underground economy, hindering their access to social protection.
