El sistema público de pensiones español, consagrado en el artículo 50 de la Constitución de 1978, constituye un pilar esencial del Estado de bienestar. No obstante, los profundos cambios demográficos —descenso de la natalidad, aumento de la longevidad y jubilación masiva de la generación baby boom— junto con factores económicos y sociales, plantean importantes interrogantes sobre su sostenibilidad a medio y largo plazo. Este artículo analiza los retos estructurales del sistema de reparto, la eficacia de las reformas recientes, el papel de los incentivos fiscales para los planes complementarios y la percepción generacional de la población trabajadora y pensionista. Asimismo, examina la relevancia del Pacto de Toledo como mecanismo de estabilidad política y social, y plantea perspectivas de futuro basadas en modelos multipilares de protección, que combinan pensiones públicas, sistemas ocupacionales y ahorro individual, con el objetivo de garantizar suficiencia, equidad y solidaridad intergeneracional.