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Lucía del Saz Domínguez
La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (en adelante, nos referiremos a ella como LO 1/2025), comentada en anteriores publicaciones[1], ha incorporado una serie de reformas estructurales y procesales destinadas a modernizar el sistema judicial español. Entre ellas, destaca su incidencia en la lucha contra la okupación ilegal de inmuebles, fenómeno que ha generado una creciente preocupación social.
En las páginas siguientes analizaremos las modificaciones introducidas en la materia por dicha ley, subrayando sus principales implicaciones prácticas. Prestaremos especial atención a las medidas dirigidas a agilizar los procedimientos de desalojo y a fortalecer la protección de los legítimos titulares de derechos reales sobre bienes inmuebles, con el fin de garantizar una respuesta más eficaz ante situaciones de ocupación no consentida. Asimismo, examinaremos su posible aplicación a los supuestos de inquiokupación.
