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Francisco Jesús Moreno Buendía
La Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal incorpora varias medidas orientadas a fomentar el tejido productivo de la economía social. Se trata de la primera ocasión en la que este tipo de políticas se insertan en la normativa concursal, por lo que nos encontramos ante un nuevo hito en la constante evolución del Derecho de insolvencia que está llamado a crear un área de intersección entre las instituciones concursales (específicamente las relativas a la transmisión de unidades productivas) y las reglas de la economía social con las que confluyen. Las medidas introducidas consisten en priorizar las ofertas de adquisición de la empresa (o de la unidad productiva) presentadas por trabajadores organizados en una sociedad cooperativa, laboral o participada. El objetivo del trabajo es analizar, desde una perspectiva jurídico-mercantil, las normas que establecen dicha preferencia en el marco del concurso de acreedores.
