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Susana Aníbarro Pérez 
El Impuesto sobre Actividades Económicas ha estado desde sus inicios rodeado de una ardua polémica, debido a su configuración basada en un hecho imponible y un método de cuantificación que resultan cuestionables desde el prisma del principio constitucional de capacidad económica. Las posteriores reformas llevadas a cabo, especialmente en materia de exenciones, no han hecho sino alimentar la controversia, al limitar su capacidad recaudatoria en pro, no de una más justa configuración del impuesto, sino de una mayor desigualdad entre los contribuyentes. El artículo lleva a cabo una valoración de la regulación actual del impuesto desde la perspectiva constitucional, para posteriormente esbozar las posibles líneas de reforma que permitan aproximar este gravamen sobre las actividades económicas a las exigencias de la justicia tributaria
Since its inception, the Tax on Economic Activities has been surrounded by fierce controversy due to its configuration based on a taxable event and a quantification method that are questionable from the perspective of the constitutional principle of economic capacity. Subsequent reforms, particularly in the area of exemptions, have only fuelled the controversy by limiting its revenue-raising capacity, not in favour of a fairer tax structure, but rather greater inequality among taxpayers. The article assesses the current tax regulations from a constitutional perspective and then outlines possible lines of reform that would bring this tax on economic activities closer to the requirements of tax justice.
