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María Pascual Núñez
La Ley 6/2025, de 11 de diciembre, de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo, afecta a distintas normas ambientales en varios aspectos, principalmente en relación con la evaluación ambiental estratégica y la protección del medio ambiente en el contexto de la planificación urbanística y la ejecución de actuaciones urbanísticas.
En particular, las modificaciones en materia ambiental se reflejan en los siguientes puntos:
Se modifica la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, añadiendo disposiciones que atribuyen competencias al ayuntamiento de municipios de más de 7.000 habitantes para actuar como órgano ambiental en planes y proyectos de actuación prioritaria que modifiquen o desarrollen el planeamiento general con evaluación ambiental estratégica, garantizando una separación adecuada entre el órgano ambiental y el órgano sustantivo y evitando conflictos de interés. Asimismo, incorpora un artículo 75 bis que regula la sincronización del procedimiento simplificado de evaluación ambiental estratégica con la aprobación del planeamiento urbanístico, permitiendo una tramitación conjunta y más ágil. En materia de evaluación ambiental estratégica, se establecen procedimientos para la presentación, aprobación y emisión de informes ambientales estratégicos en el marco de la planificación urbanística, incluyendo la posibilidad de realizar una única solicitud y emitir informes en plazos reducidos, con especial atención a actuaciones residenciales.
Se modifican las letras A y B del Anexo II, especificando los planes y programas sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria y los supuestos en los que las modificaciones puntuales, los planes de sectorización y el planeamiento de uso residencial puedan quedar exentos o sometidos a procedimientos simplificados, siempre que se cumplan ciertos requisitos.
En materia de contaminación del suelo, se modifica la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, concretando los plazos para la declaración de calidad del suelo en ámbitos con uso residencial protegido, así como para la aprobación de planes de recuperación y excavación selectiva, garantizando una gestión ambiental adecuada en estos ámbitos.
