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La reforma introducida por la Ley 8/2021 transformó el régimen jurídico de la capacidad al situar en el centro la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad. No obstante, la ausencia de criterios operativos claros ha dado lugar a interpretaciones judiciales heterogéneas y a una aplicación desigual del sistema de apoyos. Este estudio examina el papel del Tribunal Supremo en la configuración progresiva del nuevo modelo y en la delimitación de sus límites funcionales. Desde una perspectiva estructural, se propone un marco interpretativo orientado a reforzar la coherencia institucional y la efectividad real de la protección jurídica.
