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La integración de la inteligencia artificial (IA) en la justicia penal genera tensiones entre la eficiencia judicial y el respeto de los derechos y garantías procesales fundamentales. Si bien la IA puede, sin duda, agilizar los procedimientos, mejorar la administración y proporcionar herramientas predictivas para la toma de decisiones, también plantea serios riesgos debido a posibles sesgos y opacidad algorítmica, donde se puede ver vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa, o la presunción de inocencia. Para garantizar un juicio justo, es esencial la implementación de mecanismos de supervisión humana, transparencia y rendición de cuentas. Un despliegue ético, legal y basado en los derechos humanos es crucial para mantener el equilibrio entre un sistema de justicia penal basado en los derechos y estas nuevas tecnologías.
The integration of artificial intelligence (AI) into criminal justice creates tensions between judicial efficiency and respect for fundamental procedural rights and guarantees. While AI can undoubtedly expedite procedures, improve administration, and providepredictive tools for decision-making, it also poses serious risks due to potential biases and algorithmic opacity, which can undermine the right to effective judicial protection, the right to a defense, or the presumption of innocence. To guarantee a fair trial, the implementation of human oversight, transparency, and accountability mechanisms is essential. An ethical, legal, and human rights-based deployment is crucial to maintaining a balance between a rights-based criminal justice system and these technologies.
