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La progresiva expansión del Derecho penal en materia de seguridad vial ha situado estos delitos entre los más frecuentes de la práctica judicial cotidiana. La generalización de los juicios rápidos, las conformidades y la elevada tasa de autor conocido han convertido los delitos viales —en gran parte vinculados a la detección policial en controles— en un flujo constante de procedimientos que acceden casi automáticamente al sistema penal. Sin embargo, el verdadero balance de esta política criminal no se mide tanto en la fase de enjuiciamiento como en la ejecución de las penas, donde se concentran las principales disfunciones: multas impagadas e insolvencias, tensión recurrente sobre la responsabilidad personal subsidiaria del art. 53 CP, déficit estructural de plazas para trabajos en beneficio de la comunidad y sobrecarga sostenida de los actuales servicios comunes de ejecución penal. A partir de datos empíricos, de la práctica forense y de los fines constitucionales de la pena, el trabajo plantea el debate en términos no binarios: o bien se reordena el perímetro penal reservándolo para conductas de riesgo cualificado o con resultado lesivo y se deriva el resto a un Derecho administrativo sancionador reforzado, o bien se mantiene el modelo penal vigente asumiendo su coste y abordando reformas concretas de gestión y coordinación para asegurar una ejecución real, rápida y efectiva, sin que la respuesta punitiva quede reducida a un pronunciamiento formal.
