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El modo en que el Derecho se organiza está relacionado con la forma de organización del poder en una sociedad, con sus valores y al amparo de sus experiencias políticas. El objetivo de esta investigación es analizar el actual desarrollo dogmático de la estructuración del sistema de fuentes a la luz de la apertura del ordenamiento jurídico estatal a los sistemas de protección internacional de derechos, teniendo como paradigma el modelo del Estado Constitucional. A este respecto, en cuanto al derecho internacional general, el Estado preserva la capacidad para definir la organización unitaria de sus fuentes. Además, el sistema universal de derechos humanos no representa desafíos significativos dado su carácter predominantemente político. Por su parte, el sistema europeo de derechos humanos mantiene una relativa deferencia hacia los poderes estatales, limitándose a actuar en la elaboración de estándares comunes de protección constitucional de derechos. A su vez, el sistema interamericano de derechos humanos desarrolla una postura más impositiva, directa e incisiva sobre los ordenamientos y poderes públicos nacionales, como se observa de su doctrina sobre el control de convencionalidad y del ejercicio de funciones típicas de Tribunal Constitucional, impactando en algunas de las bases político-constitucionales del Estado Constitucional. Por último, la tutela de derechos en la Unión Europea, que se basa en la incorporación de la Carta de Niza al derecho primario, aunque tiene la virtud de permitir la interacción de los agentes en los espacios constitucionales, nacionales y europeos, se aleja de la idea de derechos fundamentales que fue construida históricamente y no ofrece seguridad jurídica ante la vaguedad proporcionada por la distribución competencial en el Tratado de Lisboa.
The way in which law is organised is related to the way power is organised in a society, its values and its political experiences. The aim of this research is to analyse the current dogmatic development of the structuring of the system of sources in light of the opening up of the state legal system to international rights protection systems, using the model of the constitutional state as a paradigm. In this regard, with regard to general international law, the state retains the authority to decide on the unified organisation of its sources. Furthermore, the universal human rights system does not pose any significant challenges given its predominantly political character. For its part, the European human rights system maintains a relative deference to state powers, limiting itself to acting in the development of common standards for the constitutional protection of rights. In turn, the inter-American human rights system takes a more imposing, direct and incisive stance on national legal systems and public powers, as can be seen from its doctrine on the control of conventionality and the exercise of functions typical of a Constitutional Court, impacting on some of the political-constitutional foundations of the constitutional state. Finally, the protection of rights in the European Union, which is based on the incorporation of the Charter of Nice into primary law, although it has the virtue of allowing interaction between actors in constitutional, national and European spaces, moves away from the historically constructed idea of fundamental rights and does not offer legal certainty given the vagueness provided by the distribution of powers in the Treaty of Lisbon.
