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Pedro Gómez Caballero 
El establecimiento de edades de jubilación obligatoria mediante la negociación colectiva es una cuestión, que desde la primera versión de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ha sido objeto de estudio por la doctrina y ha dado lugar a decisiones de la jurisprudencia, que demuestran que está lejos de ser pacífica. Un inicial posicionamiento del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, favorable a la existencia de cláusulas de jubilación forzosa en los convenios colectivos, ha permitido que durante dos décadas se hayan venido aplicando estas cláusulas, que justificaban la extinción del contrato de trabajo cuando el trabajador, que había madurado su derecho a la prestación de jubilación, cumplía la edad establecida en las mismas. Sin embargo, esta situación que parecía consolidada, ha sufrido en los últimos tiempos alteraciones que pueden tener incidencia en el ejercicio del derecho al trabajo y en el derecho a la negociación colectiva, cuyo alcance es difícil de determinar por ahora. La derogación, por la Ley 12/21001, de 9 de julio, de la disposición adicional 10.a del Estatuto de los Trabajadores y la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo contenida en las SSTS de 9 de marzo de 2004, son dos resortes que han puesto de nuevo de actualidad la cuestión de las cláusulas de jubilación obligatoria de los convenios colectivos. No obstante, este problema no es más que un aspecto de otra problemática mucho más amplia, de extraordinaria trascendencia para nuestro sistema de relaciones laborales, que es la definición de las relaciones Ley-convenio y la configuración de los ámbitos que le corresponde ocupar a cada uno de estos instrumentos de regulación. En el presente estudio analizamos el estado esta cuestión, desde la perspectiva de las cláusulas de jubilación forzosa, a la vista de las últimas manifestaciones de la doctrina y la jurisprudencia.
