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Este artículo analiza el marco legal y la jurisprudencia relativa a la cesión de derechos de crédito futuros frente a las administraciones públicas en España, destacando las distinciones entre los enfoques de derecho privado y público, y sus implicaciones para la financiación de contratos públicos. El Código Civil permite los contratos con derechos de crédito futuros, pero el derecho público cuenta con una regulación compleja, en constante evolución y el concepto de «limitación de los derechos de crédito privados por utilidad pública» enmarca las restricciones a la cesión de créditos futuros frente al Estado. El derecho de contratos públicos diferencia los «derechos de crédito» de los «derechos de cobro», los cuales pueden cederse tras el reconocimiento. Las cesiones de derechos antes de la existencia de un crédito reconocido no afectan a la Administración, que puede pagar al contratista original con efecto liberatorio, lo que supone riesgos para los cesionarios hasta que se reconozcan formalmente los créditos. Recientes sentencias del TS aclaran la inaplicabilidad del derecho privado por defecto y afirman que los principios de derecho público rigen las cesiones de créditos administrativos, incluidas las relacionadas con las reclamaciones de responsabilidad del Estado.
his article analyzes the legal framework and jurisprudence concerning the assignment of future credit rights against public administrations in Spain, highlighting distinctions between private and public law approaches and the practical implications for public contract financing. Civil Code allows contracts involving future credit rights, but public law has a complex, evolving regulation and the concept of «limitations on private credit rights due to public utility» frames the restrictions on assigning future credits against the State. Public contract law differentiates «credit rights» from «collection rights» with the latter referring to present, recognized claims against the Administration that can be assigned post-recognition. Assignments of rights before the existence of a recognized claim do not affect the Administration, which may pay the original contractor with discharge effect, posing risks for assignees until claims are formally recognized. Recent Supreme Court rulings clarify the non-application of private law by default and affirm that public law principles govern assignments of administrative credits, including those related to State liability claims.
