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El artículo aborda la falta de regulación actual del derecho de huelga en España, protegido por la Constitución pero no desarrollado legislativamente. Destaca la necesidad de delimitar legalmente este derecho, sugiriendo que se permita solo en casos de abuso por parte del empresario. También critica el impacto de las huelgas en servicios públicos esenciales, donde los ciudadanos sufren sin ser parte en el conflicto. Se argumenta que el derecho de la comunidad a servicios prioritarios debería prevalecer sobre el derecho de huelga cuando esta causa perjuicios mayores.
