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César Cierco Seira 
, Eduard Valentin Pavel, Daniel Oliach Lesan, José Antonio Bonet Lledós
El cultivo de trufas ha eclosionado en las últimas décadas, consolidándose como una alternativa de interés frente a otros cultivos tradicionales. A su rentabilidad económica se suman otras externalidades positivas, principalmente en clave ambiental, pero también en otros órdenes como el social y cultural en razón de su contribución a la diversificación agraria y al desarrollo de las zonas rurales. Ocurre, sin embargo, que la progresión de este cultivo ha tropezado con un grave problema de inseguridad jurídica que genera dudas a los propietarios y operadores del ramo a la hora de adoptar una decisión que, entre otros aspectos, requiere de una inversión previa que solo se amortizará pasados algunos años. En la nuez de esta inseguridad jurídica se halla el evanescente concepto de monte y la determinación del ámbito aplicativo de la legislación forestal por contraste con la legislación agrícola. El legislador valenciano ha tomado cartas en el asunto, introduciendo una reforma que, sin perjuicio de su valoración final, nos ofrece un punto de partida idóneo para estructurar las diferentes hipótesis y trazar eventuales soluciones. Al término, descubrirá el lector que el planteamiento que se va a abriendo paso en nuestro análisis pasa por distinguir tres situaciones, siguiendo en cierto modo la estela del legislador italiano —país muy destacado en esta materia—: el cultivo de trufas en suelo agrícola, a considerar agrícola a todos los efectos; el cultivo de trufas en terreno forestal, que habrá de supeditarse a la lógica de la gestión forestal sostenible y sus márgenes; y, finalmente, la recogida de trufa silvestre (o salvaje), cuyo tratamiento, no exento de recorrido y aristas como es el caso de la profesionalización o del furtivismo, exige a voz en cuello una urgente actualización. Sea como fuere, se extrae como lección última a retener lo que no deja de ser un prius elemental: la aspiración de potenciar el sector de la trufa exige parar mientes en los determinantes legales, principiando por la existencia de un marco regulador en grado de ofrecer seguridad a los actores del mismo.
Truffle cultivation has boomed in recent decades, emerging as an attractive alternative to other traditional crops. In addition to its economic profitability, it also brings several positive externalities —environmental, in the first place, but also social and cultural— contributing to the fostering agricultural diversification and promoting rural development. However, the expansion of truffle cultivation has encountered a serious problem of legal uncertainty, which generates hesitation among landowners and operators in the sector when making a decision that, among other aspects, entails an initial investment that can only be amortized after several years. At the core of this legal uncertainty lies the elusive concept of “forest land” (monte) and the delimitation of the scope of forestry legislation in contrast with agricultural law. The Valencian legislator has taken steps to address the issue by introducing a reform that —regardless of its ultimate assessment— provides an appropriate starting point for structuring the various hypotheses and outlining potential solutions. In the end, the reader will note that the approach gradually emerging from our analysis involves distinguishing between three situations, in a way following the path traced by the Italian legislator —a country of notable prominence in this field—: truffle cultivation on agricultural land, to be regarded as agricultural for all legal purposes; truffle cultivation on forest land, which must be subordinated to the logic and limits of sustainable forest management; and, finally, the harvesting of wild truffles, whose regulation —marked by issues such as professionalization and poaching— urgently calls for modernization. Ultimately, the core lesson to be drawn, as a fundamental prius, is that the aim of promoting the truffle sector necessarily requires due attention to the legal determinants, beginning with the existence of a regulatory framework capable of providing actors with sufficient legal certainty.
