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Alberto Alfaro Alvarado
El presente trabajo analiza la motivación de las resoluciones sancionadoras desde una perspectiva comparada entre el derecho español y el derecho salvadoreño. Si bien la motivación es reconocida de forma generalizada como una garantía constitucional y un requisito de validez de los actos administrativos, ambos ordenamientos siguen presentando ambigüedades relevantes en cuanto a su contenido, alcance y cumplimiento efectivo. La jurisprudencia, tanto en España como en El Salvador, ha tendido a reducir la exigencia de motivación a una exposición breve y concisa de los motivos de la decisión, sin ofrecer criterios claros para valorar su suficiencia. Partiendo de este contexto, el trabajo sitúa, en primer lugar, la potestad sancionadora y el procedimiento administrativo sancionador como el marco normativo y funcional dentro del cual se proyecta la exigencia de motivar. Posteriormente, se examina críticamente si el estándar actual de motivación de las resoluciones sancionadoras resulta satisfactorio en ambos ordenamientos. Finalmente, a partir de la teoría de la argumentación jurídica, se propone un conjunto de criterios sustantivos orientados a reforzar la motivación de las resoluciones sancionadoras, con especial atención a la justificación de los hechos y a la valoración de la prueba.
This paper analyses the reasoning of administrative sanctioning decisions from a comparative perspective between Spanish and Salvadoran law. Although the duty to give reasons is widely recognised as a constitutional guarantee and a requirement of validity of administrative acts, both legal systems still show significant ambiguities regarding its content, scope and practical fulfillment. Jurisprudence in both jurisdictions has tended to reduce the duty of reasoning to a concise explanation of the decision, without providing clear criteria for assessing its sufficiency. Against this background, this paper first situates administrative sanctioning power and procedure as the normative and functional framework within the duty to give reasons operates. It then critically examines whether the current standard of reasoning in administrative sanctioning decisions is satisfactory in Spain and El Salvador. Finally, drawing on legal argumentation theory, the paper proposes a set of substantive criteria aimed at strengthening the reasoning of sanctioning decisions, particularly with regard to the justification of facts and the evaluation of evidence.
