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El artículo cuestiona el diagnóstico dominante tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, que atribuye el mal funcionamiento de la Administración de Justicia casi exclusivamente a la falta de medios. Sin negar el déficit estructural de recursos, el texto desplaza el foco hacia una cuestión más incómoda: la responsabilidad de quienes integran el sistema en la defensa cotidiana del principio de legalidad. El trabajo advierte del riesgo de que la técnica sustituya a la norma y sostiene que la degradación de la Justicia comienza cuando se acepta renunciar al cumplimiento de la ley.
