Frente a la necesaria, pero insuficiente tutela que provee la evaluación de impacto ambiental en los megaproyectos de explotación minera, en este artículo me propongo analizar las peculiaridades que debe reunir este instrumento preventivo de gestión ambiental a los fines de tutelar de manera efectiva el ambiente y sus componentes, como los derechos humanos de los pueblos indígenas, entendidos como sectores sociales en condición de vulnerabilidad