Este estudio analiza la sentencia del Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados Alace y Canpelli como un pronunciamiento clave en la delimitación jurídica del uso del concepto de «país de origen seguro» en el Sistema Europeo Común de Asilo. A partir del examen de los límites materiales de dicha calificación, del refuerzo del control judicial exigido por el derecho a un recurso efectivo y de las garantías de transparencia y acceso a la información, el estudio muestra cómo el Tribunal reconduce esta figura desde una lógica predominantemente gestionaría hacia un marco estrictamente condicionado por la tutela judicial efectiva y el principio de no devolución. El análisis pone asimismo de relieve la convergencia de esta jurisprudencia con los estándares del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y examina su relevancia en el contexto del Pacto sobre Migración y Asilo, destacando las tensiones que plantea el tránsito hacia el nuevo régimen reglamentario en términos de protección de los derechos fundamentales.