Acceso usuarios
José Carlos Fernández Rozas 
El debate europeo en torno a la financiación de litigios por terceros (Third‐Party Litigation Funding, TPLF) ha experimentado una evolución significativa en los últimos años, marcada por la tensión entre la promoción del acceso efectivo a la justicia y la prevención de posibles disfunciones derivadas de la intervención de operadores económicos en el proceso judicial. Tras el impulso regulatorio inicial procedente del Parlamento Europeo en 2022, la Comisión Europea optó por una aproximación más cautelosa, apoyada en un análisis empírico comparado del mercado europeo de financiación de litigios. Los resultados de dicho análisis pusieron de manifiesto la ausencia de abusos sistémicos, la fragmentación del fenómeno y el riesgo de que una regulación uniforme y prematura pudiera restringir el ejercicio efectivo del derecho de acción.
Sobre esta base, la Comisión decidió no promover, por el momento, una normativa europea específica, priorizando la supervisión del marco existente, en particular de la Directiva (UE) 2020/1828 sobre acciones representativas. Formulada en términos expresamente provisionales, esta opción institucional refleja una estrategia de cautela regulatoria y de respeto a la diversidad de los sistemas procesales nacionales. El presente estudio analiza el alcance jurídico y político de esta decisión, sus implicaciones para el equilibrio entre justicia y mercado, y el papel que el comportamiento futuro de los operadores y de los Estados miembros desempeñará en la eventual reactivación del debate regulatorio a escala europea
