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Manuel Romeo Blanco
Los pequeños consumidores domésticos de gas natural deben tener el derecho de contratar el suministro a transparentes y razonables precios, tanto en el mercado regulado como en el libre. Sin embargo, nuestra regulación interna viene vedando a los integrados en una comunidad de propietarios con caldera colectiva de gas, el derecho de optar a tal efecto entre un mercado y otro e incluso a beneficiarse de esa transparencia de precios. El interés que incorpora el análisis de la distorsionadora situación de este mercado desde la óptica del Derecho comunitario y de su repercusión negativa en el principio constitucional de protección de los consumidores, deriva del hecho de que llega a nuestros días por no haberse transpuesto ni ejecutado exigencias básicas de su protección de las Directivas de Gas y de eficiencia energética. El Reino de España viene injustificadamente excluyendo del mercado regulado de contratación del suministro a los consumidores de esas comunidades de propietarios y reduciéndolos al mercado libre. Con el presente trabajo nos adentraremos en las razones de Derecho comunitario que deberían haber impedido esa anómala situación, así como también en la particular forma de no incorporarlas a nuestro Derecho interno, a base de consentir prácticas empresariales, no sólo carentes de toda previsión en la normativa nacional, sino también contrarias a lo previsto en esas Directivas.
Small domestic consumers of natural gas should have the right to contract their supply at transparent and reasonable prices, both in the regulated and free markets. However, our domestic regulations have been denying those belonging to a community of owners with a shared gas boiler the right to choose between the two markets and even to benefit from price transparency. The importance of analyzing this distorting market situation from the perspective of EU law and its negative impact on the constitutional principle of consumer protection stems from the fact that it persists today because basic consumer protection requirements of the Gas and Energy Efficiency Directives have not been transposed or implemented. The Kingdom of Spain has been unjustifiably excluding consumers in these communities of owners from the regulated supply market and forcing them to rely on the free market. In this work we will delve into the reasons of Community Law that should have prevented this anomalous situation, as well as the particular way in which they were not incorporated into our internal Law, based on consenting to business practices not only lacking any provision in national regulations, but also contrary to what is provided for in those Directives.
