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Serafín Seriocha Fernández-Pérez
En este trabajo se comparan dos casos emblemáticos de agresión sexual grupal ocurridos en Pamplona: el caso de «La Manada» en 2016 y la violación en la carpa universitaria de 2025. El caso de 2016 (agresores nacionales integrados) funcionó como un catalizador social. La tradicional respuesta judicial, que inicialmente calificó el hecho como abuso, provocó una movilización feminista masiva («#YoSiTeCreo») que impugnó el sesgo patriarcal del sistema, redefiniendo el consentimiento y culminando en la Ley del «Solo sí es sí». La indignación se dirigió hacia las consideradas estructuras machistas internas.El caso de 2025 (sospechosos magrebíes, irregulares, indigentes) operó bajo la lógica de la crimigración. La detención y prisión provisional se basaron en la presunción de peligrosidad y de riesgo de fuga por el estatus migratorio, activando sesgos xenófobos y la narrativa de la «inseguridad importada» en los medios. El posterior descarte de los detenidos por pruebas de ADN reveló un grave «error» impulsado por el prejuicio de la LECrim y la presión mediática.La comparación resalta la asimetría de la movilización social y la construcción dual del agresor: en 2016, el agresor era el «hijo sano del patriarcado» (peligro interno); en 2025, el sospechoso era el «Otro peligroso» (peligro externo). Mientras que en 2016 la víctima fue sujeto de una lucha política por los derechos de las mujeres, en 2025 resultó en principio «ideal» para legitimar un discurso antiinmigrante. El «silencio social» ante la liberación de los presuntos inocentes en 2025 evidencia que los migrantes irregulares no son considerados «víctimas ideales» por ninguna de las sensibilidades políticas.
