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No siempre es fácil distinguir entre lo que constituye un delito de derecho común y lo que es una forma de protesta política. Dado que todo sistema jurídico tiene como objetivo, al menos en parte, perpetuar un orden social, las fronteras resultan fluctuantes y porosas. Jugando con esta ambigüedad, el poder puede instrumentalizar la justicia para mejor reprimir y, en ocasiones, encarcelar a opositores.
