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La reciente aprobación por el Gobierno del Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal de 2025 marca, sin duda, un hito en nuestro sistema procesal: por primera vez desde 1882, se propone trasladar la instrucción penal al Ministerio Fiscal, siendo éste el encargado de la dirección de la investigación y pasando el juez a adoptar un rol meramente garantista. El presente artículo intenta arrojar algo de luz sobre lo que propone este proyecto, no sin antes analizar el sistema actual, su origen y el por qué está configurado de esta forma.
