Zaragoza, España
El sistema español de protección de las personas con discapacidad concede al interesado amplias facultades para designar voluntariamente al prestador de apoyos ante una eventual situación de discapacidad futura. Pero su limitada capacidad para supervisar la actuación de la persona designada puede propiciar un ejercicio inadecuado del cargo. Por ello, es esencial someter dicha actuación a controles y salvaguardas externas. El propósito de este trabajo es, precisamente, analizar los mecanismos de control necesarios para garantizar el correcto desempeño del cargo por parte del prestador de apoyos designado voluntariamente, así como las salvaguardas frente a potenciales conflictos de intereses, distinguiendo en ambos casos entre las medidas previstas en la ley y las que pueden ser establecidas por el juez o por el propio interesado.