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El Tribunal de justicia da una respuesta adversa a la Comisión Europea respecto de su pretensión relativa a la declaración de un incumplimiento por el Reino de España de sus obligaciones en orden a garantizar la independencia de los administradores de infraestructuras ferroviarias, al considerar incompatible la legislación española con la Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, por la que se establece un espacio ferroviario europeo único. El Tribunal se muestra muy crítico con la Comisión, pues concluye que es su falta de actividad probatoria e incumplimiento de las normas procesales, el determinante del rechazo de su pretensión.
