Este artículo analiza cómo la obligación de inscribir el plan de igualdad en el REGCON ha afectado a la contratación pública en España, donde la LCSP exige esta inscripción para poder licitar. A pesar de los plazos laborales establecidos, muchas empresas eran excluidas de licitaciones por no tener el plan inscrito, aunque aún estuvieran dentro del período legal para hacerlo. Se revisa la evolución de esta práctica y el impacto de la Resolución TACPM n.o 455/2025, que introduce una interpretación más flexible, permitiendo que las empresas en proceso de inscripción no sean excluidas automáticamente, alineándose con la normativa laboral y respetando los principios de concurrencia y proporcionalidad.