La seguridad pública es uno de los pilares fundamentales del Estado, en tanto garantiza el ejercicio efectivo de los derechos y libertades de las personas, no obstante, este ámbito se ve constantemente amenazado por conductas delictivas que, además de afectar la integridad de los ciudadanos, erosionan la confianza en las instituciones y debilitan el tejido social. En este contexto, el presente artículo analiza la prevención del delito como política pública, desde un enfoque jurídico -social, destacando la importancia de la participación ciudadana y el control social como elementos centrales para una estrategia integral de seguridad pública. A partir de una revisión conceptual y normativa, se examinan los factores estructurales que inciden en la comisión del delito, así como las principales estrategias preventivas orientadas a fortalecer la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad