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La legislación mexicana prevé una infracción administrativa electoral que busca disuadir y sancionar la violencia contra las mujeres en el ámbito político. En este trabajo se exponen algunas de las complejidades probatorias que se presentan al intentar demostrar la comisión de esta conducta, y se abordan algunos de los principales postulados que ha sostenido la autoridad jurisdiccional para intentar resolver los problemas de prueba en el estudio de esta infracción. De modo específico se analiza la inversión de la carga de la prueba y el valor probatorio de la declaración de quien se aduce víctima, ambos criterios se contrastan con la manera en la que el Tribunal Electoral ha entendido los alcances de la perspectiva de género.
Mexican legislation establishes an electoral administrative offense aimed at deterring and sanctioning political violence against women. This paper outlines some of the evidential challenges involved in proving the commission of such conduct and examines key doctrinal principles adopted by judicial authorities in addressing the difficulties of proof associated with this offense. Specifically, it analyzes the reversal of the burden of proof and the evidential value of the statement made by the alleged victim. Both criteria are contrasted with the way in which the Electoral Tribunal has interpreted the scope and implications of the gender perspective.
