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Valeria Ruiz Pérez
La Corte Constitucional ha resaltado que el sistema penitenciario colombiano se ha encontrado en un estado de crisis desde su creación. Sin embargo, esta idea de una crisis perpetua tiende a oscurecer los giros normativos e ideológicos que han configurado distintos periodos de crecimiento penal. Este artículo traza una genealogía de la crisis del sistema penitenciario, desde sus orígeneshasta las recientes declaratorias de estado de cosas inconstitucional (ECI). Se analizan cuatro periodos principales, así como las narrativas que han legitimado distintas fases de expansión e inflación punitiva en cada uno. Entre ellos, el artículo destaca el papel de los discursos de seguridad, derechos de las víctimas y lucha contra la impunidad en la producción y perpetuación de la crisis actual. Además, revela la paradoja detrás de las declaratorias del ECI penitenciario: al invocar el principio de proporcionalidad, los derechos de las víctimas y la seguridad, el castigo penal es presentado como una práctica legítima, incluso cuando contradice los presupuestos que fundamentan la autoridad del orden constitucional.
The Colombian Constitutional Court has identified the penal system as being in a state of crisis since its inception. However, the concept of a “perpetual crisis” risks obscuring the normative and ideological transformations that have shaped distinct periods of penal growth. This article undertakesa genealogy of these phases, tracing the evolution of each crisis from its origins to the recent declarations of unconstitutional states of affairs. It examines four critical periods, uncovering the mechanisms that have legitimised and driven penal expansion and inflation. Among these, the articlehighlights the role of discourses of security, victims’ rights, and anti-impunity in the production and perpetuation of the current crisis. Further, the article reveals the paradox embedded in these declarations: through appeals to proportionality, victims’ rights, and security, punishment is framed as a legitimate practice, even when it fundamentally contradicts the principles that underpin theauthority of the constitutional order.
