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Ricardo Gómez Pinto
La expansión de poderes presidenciales en muchos países de América Latina plantea una seria amenaza para la estabilidad democrática de la región. Principalmente, después de 1950, las regulaciones y disposiciones desde la Rama Ejecutiva han superado los límites que fijaba el Estado social. Esto último puede verse a través de las reformas constitucionales y legislativas que han aumentado el “poder de fuego” de los regímenes presidenciales. La “constitucionalización”, como Loughlin lo denomina, que ha tomado lugar en América Latina al inicio del siglo XXI, muestra la inestabilidad de los derechos humanos de minorías políticas y grupos de trabajadores. Además, la constante reducción de las garantías en materia de seguridad social avizora la debilidad de los gobiernos para tomarse en serio la equidad económica como una prioridad. Estas metas sociales fueron unas de las principales conquistas del constitucionalismo democrático en América Latina para finales de la década de 1990. Así pues, estos cambios constitucionales representan el desplazamiento de subculturas del escenario político. El Plan Colombia, como este ensayo lo describe, se convirtió en un programa neocolonial que, en el nombre de la homogenización política, despliega una atmósfera de guerra en contra de libertades básicas y derechos sociales fundamentales, para así fortalecer el autoritarismo presidencial en el continente.
The expansion of presidential powers in many Latin American countries poses a serious threat todemocratic cohesion in the region. Chiefly, during the second half of the Twenty century, the administrativelegislation has overcome the boundaries of what is known as the Social State in Latin America. The latter has taken shape through constitutional and legislative reforms that have increased the “fire-power” of the presidential ruling. The “constitutionalisation”, as Loughlin calls it, which has taken place in Latin America at the begging of the Twenty-first century, shows up the instability of human rights of political and working-force minorities. Besides, the steady reduction of social security standards reflects the weakness of governments to take seriously economic equality as a priority. These social goals were some of the main conquests of democratic constitutionalism in Latin America in the late 1990s. Yet these constitutional changes represent the displacement of subcultures of the political scenario. Herein, Plan Colombia, as this essay will describe, becomes a neocolonial program that in the name of political homogenisation deploys warfare against basicliberties and social rights to enforce authoritarian presidentialism in the continent.
