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Pablo Contreras Vásquez
El texto aborda el problema de la video vigilancia a través de drones por municipios chilenos, como una respuesta de bajo costo frente a la inseguridad urbana, y su impacto en el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales. El texto explica las facultades de policía municipal que se han invocado para sostener la legalidad de la video vigilancia a nivel local. Al examinar cuatro casos municipales, se comprueba cómo se está llevando a cabo la videovigilancia con drones y cómo ha sido supervisada por las autoridades competentes, llegando a la conclusión de que existen riesgos reales para la privacidad en el funcionamiento de los sistemas de vigilancia. Para ello, se contrasta con los estándares normativos aplicables y las soluciones comparadas. Chile carece de una regulación específica de la videovigilancia y de un marco legal robusto de protección de datos personales. El texto también evalúa la acción de los tribunales que han legitimado la videovigilancia, incluso sin una base jurídica, concluyendo que la combinación de tecnologías de bajo costo y altamente intrusivas y la falta de un marco legal adecuado crean una gran amenaza para el ejercicio de la privacidad y la protección de datos personales en el ámbito municipal.
This paper addresses video surveillance of Chilean municipalities using drones as a low-cost policing response to urban insecurity and its impact on the right to privacy and personal data protection. The text explains the municipal police powers that have been invoked to uphold the legality of video surveillance at the local level. In examining four municipal cases, it looks at how surveillance is being carried out with drones and how this has been supervised by the competent authorities, concluding that there are real risks to privacy in the operation of surveillance systems. To this end, the issue is contrasted with the applicable regulatory standards and comparative solutions. Chile lacks specific regulations for video surveillance and a robust legal framework to protect personal data. The paper also evaluates the action of courts that have legitimized surveillance, even without a legal basis, concluding that the combination of low-cost and highly intrusive technologies and the lack of an adequate legal framework creates a significant threat to the exercise of privacy and personal data protection at municipal level.
